Brasília, 12/7/2004 (Agencia Brasil) - Los proyectos de reinserción social y asistencia a los egresos de penitenciarias deberán, a partir de ahora, tener mayores detalles. Esa es una de las determinaciones de Leila Paiva, que asumió hace casi un par de meses la Coordinación General de Reintegración Social y Apoyo al Egreso del Departamento Penitenciario Nacional (Depen), del Ministerio de Justicia. "La intención es detallar un poco ese proyecto, involucrando tanto el hombre, cuanto su familia, pero también pensando de forma objetiva, con indicadores claros de resultados el impacto en la vida social de ese hombre", explicó Leila. Según ella, los proyectos para el egreso deben prever la inserción del ex preso en el mercado de trabajo y en la familia, además de apoyo jurídico.
Además de eso, el Depen debe divulgar, en el segundo semestre de este año, una investigación con los estados que muestran la situación de los presidios brasileños. Los gobiernos departamentales están rellenando una ficha detallada. "La investigación proporcionará mayores detalles de la situación en las cárceles y de los presos. No hay como hacer política pública de ojos cerrados", afirmó.
El Poder Judiciario, la sociedad, el Ministerio Público y organizaciones no gubernamentales son socios importantes, de acuerdo con Leila Paiva. Ella destacó el papel del Judiciario, que aplica y monitora las penas alternativas. "Necesitamos mucho de ellos".
La participación de la sociedad también es fundamental, dijo ella. "Solito, el juez no puede monitorear la pena alternativa, no puede monitorear la pena de forma eficaz, necesita mucho de la ayuda de la sociedad", afirmó.
Leila Paiva dijo también que es importante la realización de un pacto nacional con todos los socios para la elaboración de estrategias de apoyo al preso y al egreso. "Hasta fin de año, tendremos eso sistematizado y discutido con los estados", explicó. "Queremos trabajar con una metodología pensada, única, y de forma experimentada". Una de las ideas, según ella, es trabajar con proyectos que posean cierta experiencia y que sean eficaces para que puedan reproducirse en otros estados.
Datos del Depen muestran que hay un déficit penitenciario en Brasil de 60.714 lugares. Hay cerca de 308 mil presos en el país. Cada preso cuesta al sistema aproximadamente US$ 326,9 (R$ 1.000) mensuales. Sólo el 10% cumplen penas alternativas. Pero, el número podría ser mayor. Estudios del Ministerio de Justicia muestran que por lo menos el 20% (60 mil presos) podrían cumplir su pena fuera de la cárcel. Para Leila Paiva, la mayor utilización de penas alternativas pueden ayudar a desahogar el sistema penitenciario. "Evitando que personas, sin necesidad, entren en el sistema penitenciario, y garantizando que tengan su pena cumplida", dijo.
El ministro de Justicia, Márcio Thomaz Bastos, ya apoyó en diversos momentos, la aplicación de penas alternativas. Una de ellas fue en audiencia pública, realizada en junio, en la Cámara de los Diputados. "En Inglaterra, el 80% de los casos criminales terminan con la aplicación de penas alternativas, acá en Brasil menos de un 10%. Eso resulta en que hay mucha gente que está en la cárcel y no debería estar, pudiendo hasta corromperse", afirmó el ministro.
Las penas alternativas son aplicadas a personas que no hayan reincidido, que cometieron crímenes de menor potencial ofensivo, de carácter culpable (cuando no hay intención de daño) y sólo para las condenaciones de hasta cuatro años, con prestación de servicio o pago de multa. La pena alternativa más aplicada por el sistema judiciario brasileño es la prestación de servicios a la comunidad. Las otras son: interdicción temporaria de derecho; limitación de fines de semana; pérdida de bienes y valores y pena pecuniaria, por ejemplo con el pago de canastas de alimentos.
Reportera: Luciana Vasconcelos
Traductora: Alicia Rachaus
