Irene Lôbo e Yara Aquino
Reporteras - Agencia Brasil

Brasilia – La situación de los 400 adolescentes reclusos en el Centro Juvenil de Atención Especializada (CAJE), en el Distrito Federal, región centrooeste de Brasil, preocupa la Organización de los Estados Americanos (OEA). A partir del informe del Centro de Defensa de los Derechos del Niño y del Adolescente del Distrito Federal (CEDECA), la OEA estableció, este mes, seis medidas que el gobierno federal debe tomar para proteger la vida de los adolescentes.

A través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA exige que el CAJE solucione el problema de la superación del aforo máximo permitido, y que cumpla los estándares mínimos de aplicación de medidas socioeducativas, como por ejemplo, la atención médica y actividades pedagógicas.

Se debe también adoptar medidas que garanticen la protección y seguridad de los internos. Entre ellas, la separación de menores de acuerdo con la gravedad de los delitos, el sexo y edad. Otra medida determina que los internos se queden en centros próximos a las residencias de sus padres.

Según la abogada del CEDECA, Climene Quirido, entre 2004 y 2005, hubo siete muertes en las unidades del Distrito Federal. "Ellos son tratados como verdaderos animales, no son tratados como personas en desarrollo, que tienen un derecho mínimo a un desarrollo digno", afirma Climene.

Entre los principales problemas relatados por el CEDECA a la Comisión Interamericana están la falta de atención médica especializada, superación del aforo máximo, ausencia de condiciones adecuadas de higiene, falta de entrenamiento para un trabajo, entre otros. La coordinadora del CEDECA, Perla Ribeiro, subraya también la carencia de tratamiento psiquiátrico para los adolescentes internos.

El gobierno federal tendrá 30 días para explicarse al órgano internacional. El plazo para la ejecución de las medidas es de seis meses, prorrogable por igual periodo. El gobierno deberá accionar en los próximos días el Distrito Federal para que él cumpla las medidas determinadas.

Sin embargo, si no se hace nada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrá aplicar sanciones morales o hasta penalidades económicas contra Brasil, de acuerdo con la abogada del CEDECA.

Traducción: Andréa Alves