Érica Santana
Reportera - Agencia Brasil

Brasilia – El Supremo Tribunal Federal recibió un pedido de Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) contra dispositivos de la Ley de Bioseguridad, que reglamenta y fiscaliza actividades e investigaciones con organismos genéticamente modificados (OGM) y sus derivados. La acción, propuesta por el procurador general de la República, Cláudio Fonteles, contesta la atribución de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), vinculada al Ministerio de Ciencia y Tecnología, con relación a los transgénicos.

Según la ley que se contesta, sería responsabilidad de esta comisión "deliberar, en última y definitiva instancia sobre los casos en que la actividad es potencial o efectivamente causadora de degradación ambiental, así como la necesidad de licenciamiento ambiental". Fonteles alega que esa atribución contradice la Constitución, que determina que la Unión, estados, Distrito Federal y municipios sean responsables por la protección del medio ambiente y el combate a cualquier tipo de contaminación. El fiscal general cree que los municipios y estados no necesitan pedir autorización a la Unión para aplicar instrumentos de la Política Nacional de Medio Ambiente, que incluye el licenciamiento ambiental.

Para Fonteles, la ley afecta al Sistema Nacional de Medio Ambiente (Sisnama) y el proceso de licenciamiento ambiental porque dispensa el Estudio Previo de Impacto Ambiental (EIA), que está bajo responsabilidad de la CTNBio, desvinculado del sistema. De acuerdo con Fonteles, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) pierde la autoridad para evaluar las implicaciones de la liberación del cultivo de semillas transgénicas, ya que cabrá a la CTNBio emitir las licencias.

Fonteles dijo también que la Ley de Bioseguridad suspende la eficacia de la Ley de Política Nacional de Medio Ambiente y invalida la competencia normativa del Consejo Nacional de Medio Ambiente (Conama), al condicionar el licenciamiento de organismos genéticamente modificados al juicio previo de la CTNBio. "No más será la naturaleza de la actividad desarrollada por el emprendedor que definirá la realización del proceso de licenciamiento, pero la opinión de una comisión técnica, vinculada al Ministerio de Ciencia y Tecnología, sobre los impactos ambientales de los OGM", explicó Fonteles .

Esta es la segunda Acción Directa de Inconstitucionalidad del fiscal general de la República contra la Ley de Bioseguridad. La primera fue el 30 de mayo, para contestar el uso de células madre de embriones humanos en investigaciones y terapia.

Traducción: Andréa Alves