Bianca Paiva
Agencia Brasil

Brasilia - El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) refuta, en nota divulgada el jueves (22), las cifras presentadas por el INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) y por el Ministerio de Desarrollo Agrario. Según el documento, el gobierno incluye en las estadísticas referentes a la reforma agraria familias que recibieron tierras de asentamientos antiguos. De acuerdo con los datos del INCRA, 117.500 familias fueron asentadas en 2005.

La nota del MST afirma que "la política de reforma agraria nada tiene de original y repite las acciones del gobierno anterior, del presidente Fernando Henrique Cardoso: aumenta los verdaderos números de asentamientos utilizando la práctica de contabilizar la reposición de lotes en asentamientos antiguos como se fueran nuevos asentamientos; y que deja familias en asentamientos precarios en tierras públicas del Norte del país, lo que beneficia sobre todo a los individuos que invaden estas tierras".

Según el ministro de Desarrollo Agrario, Miguel Rossetto, las cifras del gobierno son incontestables. "El criterio de la verdad es innegociable para nosotros. No hay cómo discutir la calidad de esos números. Ellos traducen exactamente las familias que dejan de ser ‘sin-tierra’ y pasan a tener tierra", afirmó.

El presidente del INCRA, Rolf Hackbart, subrayó que todas las familias ya están asentadas y con todos los derechos adquiridos. "No existe reforma agraria virtual en este gobierno. Cada familia ya tiene su lote reconocido por el INCRA. Y con derecho a US$2.143,44 (R$5 mil) para la construcción de la casa y US$1.028,85 (R$2.400) por año, durante tres años, para organizar la producción en el asentamiento", explicó.

Hackbart anunció que en enero el gobierno va a presentar una lista con los nombres y datos de todas las familias asentadas.

El MST pide, en la nota, la formación de una comisión, con la participación de representantes de movimientos sociales, de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB), del Colegio de los Abogados de Brasil (OAB), de los funcionarios del INCRA y de periodistas, para visitar los asentamientos anunciados y hacer una auditoría en los datos presentados.

Traducción: Andréa Alves