Brasília, 16/9/03 (Agência Brasil - ABr) - Quien debería proteger se torna agresor. Datos del Movimiento Nacional de Derechos Humanos muestran que en el 77% de los casos de tortura el crimen lo practican policías y agentes penitenciarios, y para combatir esa práctica el gobierno desarrollará una acción conjunta entre el poder Judicial, gobiernos provinciales y Ministerio Público.

Según el secretario especial de Derechos Humanos, ministro Nilmario Miranda, la idea es la de trabajar con los despachos que se están formando de seguridad integrada, tras la adhesión al Sistema Único de Seguridad Pública, del Ministerio de Justicia, para examinar si los juicios se concluyen, si pasaron al Ministerio Público Provincial, explicando que uno de los proyectos es la promoción de cursos de capacitación para jueces, fiscales y procuradores para aumentar el castigo para el crimen de tortura.

El ministro, que ya fue torturado durante la dictadura militar, dijo que está luchando para que los crímenes de derechos humanos se federalicen para evitar la impunidad, y la protección a criminales. (JV)