Lana Cristina
Reportera Agencia Brasil

Brasilia - Estudio del Ministerio de Justicia indica que Brasil debería tener un número seis veces mayor de defensores públicos para atender a la población carente. Según el secretario de Reforma del Poder Judicial, Pierpaolo Bottini, no hay evaluación sobre la cantidad necesaria, pero el estudio Diagnóstico de la Defensoría Pública en Brasil constató que hay 1,86 defensores para cada cien mil habitantes, cuando la cantidad de jueces para el mismo grupo es de 7,7.

Bottini explica que el propósito del estudio, concluido en 2004 y divulgado la semana pasada, es el de llamar la atención hacia esa institución, saber cuales son sus carencias y cómo funciona en Brasil.

La Constitución Federal dice que el Estado debe dar asistencia jurídica gratis a quien no tiene como pagar a un abogado y aún no cuentan con este servicio los estados de Santa Catarina, Goiás ni São Paulo.

El estudio muestra que la mayor parte de las defensorías está mál estructurada y no tiene como atender a todo el público, lo que hace que la parte más pobre de la población no pueda reclamar sus derechos.

La función de la Defensoría Pública es la de orientar al ciudadano sobre sus derechos, mediar conflictos y propiciar acuerdos que, formalizados, son homologados por el juez. Si un conflicto resulta en acción judicial, los defensores abren un expediente y lo acompañan hasta el fin. Las defensorías provinciales atienden las áreas civil, criminal, de ejecución penal, de familia, hacienda publica, y accidentes de trabajo, y la Defensoría Pública de la Unión actúa en el ámbito de la Justicia Federal, si por ejemplo, un ciudadano se considera en el derecho de demandar al Instituto de Seguro Social, será ella la que acompañe el juicio.