Brasilia - El ministro de la Secretaría Especial de Derechos Humanos, Nilmario Miranda, dijo este viernes que la apertura de archivos de la dictadura militar, ocurrida entre 1964 y 1985, es un derecho del pueblo brasileño, que ello forma parte de los Derechos Humanos y de la construcción de la democracia, y que nadie puede negar a la sociedad el derecho de conocer su historia más reciente.

Según Miranda, cada país tiene reglas para el acceso a documentos oficiales, y en el caso de Brasil, la Constitución Federal prevé en el artículo 5º, que todos serán abiertos dentro de plazos reglamentados, excepto cuando implique amenaza al Estado o a la sociedad.

El presidente Luiz Inacio Lula da Silva firmó un decreto divulgado este viernes por la Casa Civil que altera los plazos del sigilo obligatorio de documentos oficiales del Estado, derogando el decreto de 2002, del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, que permitía prorrogar indefinidamente los plazos para divulgación de algunos documentos.

Con el nuevo decreto, los plazos vuelven a ser los establecidos por la Ley Nº 8.159, de 1991, reglamentada en 1997 que dice: documentos ultrasecretos tienen un plazo máximo de 30 años para divulgación; secretos, máximo de 20 años; confidenciales, diez años; y reservados, cinco años. Los mencionados plazos pueden prorrogarse una vez por igual periodo, por la autoridad responsable por la clasificación o autoridad inmediatamente superior para disponer sobre la materia.

El presidente también firmó medida provisional que crea la comisión interministerial para estudiar la flexibilización de la divulgación de los plazos de esos documentos y cambiar su clasificación, lo que permitiría la apertura inmediata de algunos archivos.

Agencia Brasil
Reportero: Keite Camacho
Traductor: Jaime Valderrama
10/12/2004