São Paulo - Autoridades estadounidenses y brasileñas están articulando estrategias de acción en el combate al tráfico de seres humanos, como mayor vigilancia en los aeropuertos internacionales y la identificación de lugares que puedan abrigar a los criminales y sus víctimas, discutidas este miércoles entre el secretario de Justicia de São Paulo, Alexandre de Moraes y el embajador norteamericano, John Miller.

El diplomático visitó el Palacio de Justicia, donde las organizaciones no gubernamentales desarrollan trabajos preventivos, para los que cuentan con el apoyo del Ministerio de Justicia, y de recursos de US$ 20 mil, del gobierno estadounidense. Según el secretario, la idea es la de extender las acciones de la oficina paulista a otros estados.

Con la colaboración del Ministerio de Justicia, está prevista la instalación en Goias, Rio de Janeiro y Ceará, y paralelamente se estudia la formación de una red de informaciones, para identificación detallada de las rutas.

En Brasil hay cerca de 240 rutas y las capitales con terminales internacionales, como São Paulo, sirven de via de conexión para la salida de personas negociadas como mercancías para la explotación sexual, muchas de ellas, atraídas por falsas promesas de un buen empleo.

Según el gobierno estadounidense anualmente se trafican 800 mil personas en todo el mundo, la mayoría de mujeres y menores.

El embajador Miller, director de la Oficina de Acompañamiento y Combate al Tráfico de Seres Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que en sus discursos, el presidente de su país, George W. Bush, ha enfatizado la necesidad de cohibir ese crimen, y explica que aun con leyes rígidas, el número de condenados por la justicia de su país debería ser mucho mayor. El año pasado 77 criminales fueron sentenciados, y en su opinión un trabajo de concienciación con el público involucrado puede ayudar en el combate.

Miller informó que entre las medidas adoptadas por Estados Unidos, está la aprobación en el Congreso de una legislación que prevé la condena de hasta 30 años para ciudadanos que abusen sexualmente de menores en el exterior; iniciativas para aumentar el número de rescates de víctimas del tráfico y la discusión de una campaña de concienciación para advertir a las víctimas sobre la posibilidad de recibir ayuda gratuita por línea telefónica directa nacional mantenida por el gobierno estadounidense