Mylena Fiori
Reportera de la Agencia Brasil
Brasilia – El fiscal general de la República, Antonio Fernando Souza, concluye que las investigaciones del Ministerio Público Federal confirman la existencia de un complejo esquema para "negociar apoyo político, pagar deudas pretéritas del Partido de los Trabajadores (PT) y también costear gastos de campaña y otros gastos del PT y de sus aliados".
Según el documento, entregado por la Fiscalía General de la República al Supremo Tribunal Federal, hay pruebas de que "una sofisticada organización criminosa (...) se estructuró profesionalmente para la práctica de crímenes como peculado, lavado de dinero, corrupción activa, gestión fraudulenta, y otras formas de fraude".
Según la denuncia, la organización criminosa sería dividida en tres núcleos: el político partidario, el publicitario y el financiero. El "núcleo principal de la cuadrilla", según el Ministerio Público, era formado por el ex ministro jefe de la Casa Civil, José Dirceu, el ex secretario de Finanzas del Partido de los Trabajadores (PT), Delúbio Soares, el ex secretario general del PT, Sílvio Pereira, y el ex presidente del PT, José Genoíno.
El segundo núcleo sería compuesto por el empresario Marcos Valério de Souza y sus socios en las agencias de publicidad SMP&B y ADN Propaganda. El Ministerio Público considera que ese grupo "recibía ventajas indebidas de integrantes del gobierno federal y de contratos con órganos públicos".
Las investigaciones concluyen que Marcos Valério también utilizaba sus empresas y contratos de publicidad con empresas privadas para garantizar la transferencia ilegal de dinero para campañas electorales.
El tercer núcleo sería compuesto por la directiva del Banco Rural y habría entrado en la organización criminosa en "búsqueda de ventajas indebidas". A cambio, facilitaría las operaciones de lavado de dinero.
Según el fiscal, el "embrión" de ese esquema fueron las irregularidades en el financiamiento de la campaña de Eduardo Azeredo del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) a la reelección del gobierno de Minas Gerais, en 1998. Las investigaciones muestran que hubo distribución de cargos a cambio de apoyo a las propuestas del gobierno, práctica que "representa uno de los principales factores de desvío y mala aplicación de recursos públicos, con el objetivo de financiar campañas millonarias en las elecciones, además de proporcionar el enriquecimiento ilícito de agentes públicos y políticos, empresarios y grupos de presión que actúan en ese pernicioso engranaje".
Traducción: Alicia Rachaus
