Alessandra Bastos, Fernanda Muylaert e Irene Lobo
Reporteras Agencia Brasil

Brasilia - La explotación sexual de menores continúa siendo un problema grave en Brasil, llegando en algunos estados a una dimensión preocupante, con participación o connivencia de autoridades, afirma el II Informe Brasileño Relativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos de 1996, presentado esta semana al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra.

El informe expone medidas que Brasil ha adoptado para combatir el problema, y el subsecretario de Derechos Humanos, Mario Mamede, afirma que el país trabaja con la lógica de que cualquier violación de un menor es inaceptable, que hay que hacer esfuerzos conjuntos entre la sociedad y el Estado para garantizar la aplicación del Estatuto del menor, y la visión de que el menor debe ser protegido por la familia, la sociedad y el Estado.

La Subsecretaría Especial de Derechos Humanos creó en 2003 el Plan Nacional de Enfrentamiento a la Violencia y Explotación Sexual Infanto Juvenil. También se creó la Comisión Intersectorial para el Enfrentamiento de laa Violencia y la Explotación Sexual de Menores. La comisión tiene representantes del gobierno federal, Parlamento, sociedad civil y organismos internacionales. Según el gobierno federal, el trabajo resultó en el aumento de casos investigados por la Policía Federal y en la creación de una fuerza operativa del Ministerio Público en cada estado brasileño.

Mamede afirma que la política de combate a la explotación sexual está en todo el país, y entre otras acciones cita el Programa de Acciones Integradas y Referenciales de Enfrentamiento a la Violencia Sexual Infanto Juvenil, y que una de las metas del programa es la de desarrollar estudios para analizar la situación de violencia sexual de menores.

La legislación brasileña preve castigo severo para los casos de abuso, violencia y explotación sexual de menores. El Estatuto del Menor también trata como crimen presentar, producir, vender, divulgar o publicar, por cualquier medio de comunicación, incluyendo la Internet, fotografías o imágenes con pornografía o sexo explícito o someter a la explotación sexual a menores.

De acuerdo con el Informe Brasileño, hay niñas que son explotadas sexualmente en minas, en los grandes centros urbanos, y por el turismo sexual.

El informe presenta varias medidas que el gobierno brasileño ha tomado para investigar y disminuir el trafico ce menores para explotación sexual. Brasil ratificó por ejemplo la Convención 182 de la Organización Internacional del Trabajo para el combate a la explotación sexual comercial y que establece que adolescentes no pueden ser sometidos a trabajos penosos o degradantes.

En 2003 el Congreso Nacional formó la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación sobre las redes de explotación sexual de menores, que visitó 22 estados de la federación brasileña.

Los casos investigados indican la existencia de graves modalidades de explotación y redes de prostitución, tráfico nacional e internacional, redes de turismo sexual con ofertas para turistas extranjeros, violencia sexual y abuso con adolescentes minusválidos en los circuitos donde operan las elites económicas y de poder político. Fueron indiciados políticos, diputados, ediles, alcaldes, agentes de policía, empresarios y líderes religiosos.

Traducción : Jaime Valderrama