Brasilia - La Constitución de 1988 delegó a los gobiernos provinciales la instalación de defensorías públicas en los estados, pero hasta hoy, São Paulo, Santa Catarina y Goias, no las han creado, por lo que el ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, condenó a esos estados, recordando que esos órganos son importantes para asegurar derechos a la población, y añadió que es indisculpable que no haya defensoría pública, principalmente en un país con la exclusión social de Brasil, donde el acceso de las personas a los bienes de la vida incluye el acceso a la Justicia, y a la asesoría jurídica, que no todos pueden pagar. El ministro hizo la declaración este miércoles tras el lanzamiento del diagnóstico sobre defensorías públicas, en el Ministerio de Justicia.

Para el presidente de la Asociación Nacional de Defensores Públicos, Leopoldo Pertela Junior, la inexistencia de defensorías es una falta de respeto porque ese es una obligación del Estado y un servicio gratuito al que la población tiene derecho, porque para eso todos pagamos impuestos.

El estudio muestra que el promedio de edad de las defensorías es de 13 años e indica que el servicio prestado por la institución no ha logrado la universalidad deseable, ya que el 57% de las comarcas no cuenta con este servicio, y lo peor es que ellas están ubicadas en los estados con peores indicadores sociales.

El diagnóstico, elaborado por la Secretaría de Reforma del Judicial del Ministerio de Justicia, tiene como propósito identificar aspectos específicos de las defensorías públicas para proponer medidas que puedan contribuir para su fortalecimiento y para la ampliación de los servicios, y lo coordinó la investigadora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de São Paulo, en sociedad con la Asociación Nacional de Defensores Públicos, y soporte financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Agencia Brasil
Reportera: Luciana Vasconcelos
Traductor: Jaime Valderrama
2/12/2004