Brasilia - Hay al menos dos polémicas en torno de las indemnizaciones pagadas por el gobierno brasileño a las personas y familias perjudicadas de alguna forma por la dictadura militar: los valores pagados a las víctimas y la decisión de aceptar o no la indemnización. La discusión volvió a causa del juicio de ocho personas por la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos del Ministerio de Justicia. El miércoles, la Comisión consideró el Estado responsable por la muerte de cinco de esas personas, pero negó la participación en las demás.

Una de las polémicas se refiere a las indemnizaciones pagadas por la Comisión de Amnistía, instalada en 2001 y que funciona de forma paralela a la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos. Cuando fue creada, la Comisión de Amnistía estimaba recibir cerca de 40 mil requerimientos, pero en noviembre de 2002, una ley (10.559) garantizó la reparación por daños físicos y morales a todos los perseguidos durante la dictadura, lo que aumentó esa proyección.

La diferencia entre indemnizaciones pagadas a los amnistiados y aquellas pagadas a los familiares de personas muertas o desaparecidas durante el régimen militar también genera polémica. Mientras la indemnización a los familiares de los muertos llega como máximo a US$ 54,9 mil (R$ 150 mil), los valores recibidos por los amnistiados pueden ser mayores.

Otro tema discutido es la decisión de no aceptar las indemnizaciones. Anita Leocádia Prestes, hija de Olga Benário y Luiz Carlos Prestes, por ejemplo, recurrió al beneficio para personas amnistiadas a causa del conteo por tiempo de trabajo que la ayudaría a pedir jubilación. Anita recusó, sin embargo, otros US$ 36,6 mil (R$ 100 mil). "Cuando asumí determinadas posiciones políticas, sabía de las consecuencias. Eso no se paga con dinero, por lo menos en mi caso", afirmó cuando supo de la decisión de la Justicia.

Conozca la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos

Desde 2002, el Estado brasileño se responsabiliza por la muerte y desaparecimiento de personas con participación en actividades políticas durante el dos de septiembre de 1961 y cinco de octubre de 1988. La Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos trabaja para el reconocimiento, localización y articulación de las indemnizaciones de personas relacionadas a esos muertos y desaparecidos.

Desde 1995, la ley (9.140/95) "reconoce como muertas a las personas desaparecidas por participación, o acusación de participación, en actividades políticas". Esa ley también creó la Comisión Especial, instalada en el Ministerio de Justicia. A mediados de los años 70, familiares y amigos de personas desaparecidas o muertas se movilizan atrás de informaciones. Ese movimiento produjo un Dossier de los Muertos y Desaparecidos Políticos a partir de 1964.

A inicio de los años 90, un frente de parlamentarios intensificó esa lucha en el Congreso Nacional. De esa movilización surgió la ley 9.140, en 1995. La Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos recibirá de los familiares de muertos y desaparecidos políticos, hasta el 12 de diciembre de 2004, solicitudes de indemnización. Desde que fue creada, la Comisión ya aprobó 323 procesos, en indemnizaciones cuyos valores varían de US$ 36,6 mil (100 mil) a US$ 54,9 mil (R$ 150 mil).

Agencia Brasil
Reporter: Fabrício Ofugi
Traductora: Alicia Rachaus
3/12/2004