Brasília – El ministro Nilmário Miranda, de la Secretaría Especial de los Derechos Humanos (SEDH), participó el miércoles de la apertura de la reunión de la Comisión Especial de los Muertos y Desaparecidos Políticos en el Ministerio de Justicia, donde analizaron procesos de indemnización movidos por familiares de víctimas asesinadas durante la dictadura militar en Brasil, de 1964 a 1985.

La Comisión reconoció como responsabilidad del Estado brasileño las muertes de los militantes políticos: Gustavo Burque Schiller, que se suicidó en Río de Janeiro a causa del trauma por las torturas; José Inocencio Barreto, asesinado por policiales en un ingenio de azúcar en Pernambuco; Leopoldo Chiapetti, muerto en Río Grande del Sur por participar de grupos revolucionarios; Valdir Salles Sabóia, militante del Partido Comunista Brasileño Revolucionario, muerto en Río de Janeiro, Massafumi Yoshinaga, que también se suicidó a causa de las torturas que recibió en cárceles militares, Santos Dias, líder operario asesinado e Iara Iavelberg, profesora universitaria que fue encontrada muerta en un piso en Salvador, estado de Bahía.

En contrapartida, la Comisión negó el pedido de indemnización para las muertes de Carlos Alberto Maciel Cardoso (muerto por militantes de la izquierda), João Luiz Gomes da Silva (víctima de un confronto entre la policía y militantes, pero sin participación en la resistencia política) y Venceslau Ramalho Leite (desaparecido que no tenía cualquier participación con el movimiento contra la dictadura). Según el presidente de la comisión, Augustino Veit, la meta de la Comisión es concluir hasta abril de 2005 el juicio de todos los 85 casos pendientes de indemnizaciones para desaparecidos políticos del régimen militar.

Agencia Brasil
Reportera: Gabriela Guerreiro
Traductora: Alicia Rachaus
3/12/2004