Brasília - La Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos Políticos se reunió ayer para analizar 13 pedidos de indemnización a familiares de muertos o desaparecidos políticos durante el régimen militar en Brasil.

Muchos casos están siendo examinados según la ley 10.875, de junio de 2004. La nueva ley indemniza a familiares de personas que fueron forzadas a suicidarse, se suicidaron a causa de traumas psicológicos resultantes de tortura o fueron muertas en manifestaciones políticas en confronto con la policía entre el 2 de septiembre de 1961 y el 5 de octubre de 1988.

La legislación anterior permitía indemnización sólo para familiares de personas que fueron muertas en dependencia policial o bajo control del Estado, por el monto de US$ 33,8 mil (R$ 100 mil) a US$ 50,7 mil (R$ 150 mil). Hasta entonces, cerca de 130 pedidos fueron registrados en la Comisión, pero hasta ahora 13 fueron negados y 13 aprobados.

Agência Brasil
Traductora: Alicia Rachaus
27/08/2004