Secretario dice que en Brasil tortura es cultural

25/06/2003 - 15h46

Brasília, 27/6/03 (Agência Brasil - ABr) - La tortura continúa siendo instrumento de presión y represalia en las comisarías y prisiones brasileñas, perpetuando una práctica característica de los organos represores del régimen militar, y según el jefe de la Secretaría Especial de Derechos Humanos, una práctica cultural. 20 años después del fin de la dictadura, periodo marcado por la censura y acción violenta policial, Miranda lanza el programa "Tortura Nunca Más" como un apelo al reconocimiento de los derechos humanos en las instituciones carcelarias.

El anuncio se hizo ayer, Día Mundial de Combate a la Tortura, y establece una serie de acciones para capacitar a comisarios, fiscales y jueces para tratar que la ley contra ese crimen se aplique más severamente.

Miranda expresó que la tortura la aplican los policías militares al hacer la prisión, haciendo interrogatorios, torturando, hiriendo, y tardando en llevar a la persona al hospital, a espera de que la víctima muera antes, en vez de detener a la persona y conducirla a la comisaría.

Para prevenir esas acciones, el ministro informó que se están transmitiendo conocimientos de Derechos Humanos en la academias de policía y haciendo un mayor esfuerzo de capacitar a los agentes en técnicas de investigación que eviten la tortura, recordando que torturar a sospechosos induce a confesiones falsas, además de que ella lleva a otros errores y aumenta la incompetencia y la ineficiencia de la policía.

Existe además la tortura aplicada por agentes penitenciarios a los presos considerados indisciplinados, y la de instituciones que deberían celar por la reintegración social de jóvenes infractores menores de 18 años.

El Movimiento Nacional de Derechos Humanos muestra que las mayores víctimas brasileñas de tortura son negros de baja renta, que en el 77% de los casos el crimen lo practican policías y agentes penitenciarios, que el 70% de los casos ocurre en pueblos del interior, entre las metrópolis,el 15% de las denuncias llegan a las autoridades en el estado de São Paulo, seguido por Minas Gerais, Pará y Bahía. (JV)